#ReformaEnergética
Gas shale: La nueva mina de oro
La reforma energética recién aprobada abre la puerta para que las mineras puedan explotar el gas no convencional en sus territorios, sin pasar por una licitación
Lunes 16 de diciembre de 2013
México es considerado mundialmente el quinto país con mayor interés para la inversión minera
Las concesiones mineras representan hoy la mitad del territorio nacional
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Dólares canadienses por hora gana un trabajador minero en México
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Dólares canadienses por hora gana un trabajador minero en Canadá
340,000
Canadienses trabajan en la minería en su país
La reforma energética sigue dando de qué hablar.
La iniciativa aprobada en el Congreso de la Unión permitirá que las mineras puedan explotar el gas no convencional en sus territorios.
Esto sin pasar por una licitación.
Las concesiones mineras, que representan hoy la mitad del territorio nacional, tienen el esquema de explotación más parecido a las licencias, recién aprobadas para el sector energético.
La experiencia con las mineras extranjeras en México enciende los focos de alerta sobre cuáles son las condiciones que podrían venir con una apertura energética similar.
Un estudio elaborado en noviembre de este año por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, concluye: “México es un paraíso fiscal para las mineras”.
El estudio se centra en una comparativa con Canadá, de donde provienen 7 de cada 10 mineras extranjeras instaladas en el país.
Las cifras del “Estudio de la Minería en México. Un análisis comparado con Canadá” son claras. Allá pagan 16 por ciento de impuestos y 30 dólares por hora a sus trabajadores.
Aquí erogan el 0.004 por ciento al gobierno y los empleados deben conformarse con 3.26 dólares por hora.
Bienvenidos los privados
El potencial de México en la minería lo ubica como el primer productor mundial de bismuto, el tercero en plata, el quinto en plomo, el sexto en molibdeno y zinc.
Luego de una serie de reformas mineras que abrieron la industria al capital privado entre 1982 y 1996, las mineras canadienses controlan la mayor parte de la industria en México.
Con la reforma a la ley ejidal en 1992, pudieron comprar los terrenos para sus minas.
Esta ley permitió una apertura total a los extranjeros, que tuvieron como candado lo mismo que ahora se les pone en la reforma energética.
Solo debían registrar sus empresas como una “sociedad mexicana”, con domicilio fiscal en el país, sin ninguna restricción a que todo su capital fuera extranjero.
Los ejidatarios, hasta entonces dueños absolutos de las tierras, pudieron desde entonces enajenarlas, rentarlas, “asociarse entre sí, con el Estado y con terceros y otorgar el uso de sus tierras”.
Aunque la Procuraduría Agraria debe por ley asesorar a los ejidatarios sobre las condiciones de estos contratos y los riesgos de vivir cerca de una mina, el informe asegura que “en la práctica no ha intervenido en la mayoría de los casos”.
En estas condiciones, México inició una explotación privada que ahora representa el 2 por ciento del PIB.
Su inversión ha representado 16 mil 700 millones de pesos durante el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los principales estados mineros son Zacatecas, Sonora, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Colima, Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo.
Los mineros extranjeros tienen 7 de cada 10 minas instaladas en el país, según la Cámara Minera de México (Camimex).
Los canadienses son mayoritarios. Tienen 207 empresas y 74 por ciento del mercado.
Le sigue Estados Unidos con 43 empresas, China con ocho, Australia con seis y Japón con cinco, según información del Sistema Geológico Mexicano.
Después de la apertura se han registrado en el país 857 proyectos mineros. La mayor parte, 206 de ellos, están en Sonora.
Le sigue en número de proyectos Chihuahua con 120, Durango con 97, Sinaloa con 85 y Zacatecas con 66.
Algunos de ellos están a cargo de mineras nacionales. Las más importantes son Grupo México, Industria Peñoles, Frisco y Autlán.
Impuestos de caricatura
México carece de regalías mineras, permite compañías extranjeras y tiene un fuerte apoyo gubernamental
México es considerado mundialmente el quinto país con mayor interés para la inversión minera.
Este sitio no lo ocupa solamente por su potencial, sino porque tiene “tiene bajas tasas de impuestos y carece de regalías mineras.
Además, México permite compañías extranjeras, la propiedad extranjera, y la repatriación de capital y tiene un fuerte apoyo gubernamental, burocrático y del sector público para la minería”.
De acuerdo con un informe de la minera canadiense Gold Corp, propietaria de los proyectos más importantes del país, el “potencial minero” mexicano radica que “no tiene que contribuir con el erario público, y mucho menos con la comunidad.
“El único impuesto que tiene que pagar es el ISR (impuesto sobre la renta)”, establece el documento elaborado en Segob.
Este impuesto tampoco lo paga, ya que en 1991 se firmó un convenio que evita la doble tributación de empresas canadienses instaladas en México.
El único gravamen similar que pagan son los derechos sobre concesiones mineras, “los cuales son irrisorios al ir de 5.70 pesos a 124.74 pesos por hectárea de tierra concesionada de manera semestral por año de concesión”.
Las principales mineras canadienses en México pagan impuestos que parecen una caricatura frente a lo que erogan en su país de origen.
Como ejemplos, el estudio recoge que la minera First Majestic en La Encantada, Coahuila, pagó el año pasado al gobierno 68 mil 160 pesos de impuestos, es decir, el 0.004 por ciento de sus utilidades brutas.
Una situación similar tiene Fortuna Silver Mine Inc., ubicada en San José, Oaxaca. Erogó al gobierno en 2012 cuatro millones de pesos, esto es, 0.20 por ciento de sus utilidades.
Entre los ejemplos está también TMM en Sonora, cuyos dueños, la compañía Timmins Gold Corp., pagaron 0.039 por ciento de sus ganancias en impuestos: 809 mil pesos.
Una situación similar tienen las minas Starcore International Mines, en San Martín, Querétaro, que pagó 3.2 millones de pesos; Aurico Gold, en El Chanate, Sonora, con 129 mil pesos.
También sucede en la minera de oro Agnico-Eagle Mines Limited en Pinos Altos, Chihuahua, que sufragó 954 mil pesos de impuestos: el 0.016 por ciento de sus ganancias brutas.
En cambio, esta misma minera pagó el año pasado mil 162 millones de pesos impuestos sobre dos minas de oro y plata en Quebec, Canadá. Este pago significó el 16 por ciento de sus utilidades brutas.
La minera Almaden Minerals en la Columbia Británica erogó al Estado el 13 por ciento de sus ingresos, es decir, 216 millones de pesos.
En México el pago de impuestos se cobra sobre utilidades netas, es decir, ya eliminando los costos.
En Canadá pagan sobre las utilidades brutas, es decir, por lo que extraen.
Los pagos allá rondan el 16 por ciento de las ganancias de las empresas, mientras acá ninguna llega a uno por ciento.
Así la compañía Amex Exploration paga en The Perron, Quebec, 10.5 millones de pesos por su mina de oro y plata; Bold Ventures en Ontario paga 56.5 millones de pesos en impuestos; Canarc Resource en New Polaris, Columbia Británica, erogó 349 millones de pesos en 2012.
La explicación para que otros países sí cobren un impuesto sobre la minería y éste sea sobre las ganancias brutas es que “el daño al ecosistema no es neto sino es directo y debe considerase resarcir en su totalidad”, refiere el documento elaborado por la Segob.
Concesiones fáciles
Conseguir una concesión minera en México no requiere mucho trámite. La Ley Minera no la otorga a la mejor oferta técnica ni económica, sino al “primer solicitante”.
El proceso de otorgamiento de la concesión no requiere una audiencia pública, como sí sucede en Estados Unidos y otros países mineros.
El documento destaca que “en muchos casos las comunidades o grupos que viven en las inmediaciones de la localización de los proyectos mineros son los últimos en enterarse de lo que se pretende hacer”.
Bajo este esquema, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas realizó un análisis de cuántas concesiones se han otorgado en las últimas dos décadas.
La cifra real es el doble de la que reporta la Secretaría de Economía. Detectaron que entre 1993 y 2012 se otorgaron 43 mil 675 concesiones mineras.
Si estos permisos se miden por territorio, significan la mitad del país: 95.8 millones de hectáreas.
La mayor cantidad de hectáreas se otorgaron a compañías privadas durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Pero la mayoría de los permisos -12 mil 274 títulos de concesión- se dieron durante la administración de Felipe Calderón.
En Canadá, otra historia
Los canadienses han desarrollado sus propias tecnologías, hasta convertirse en un líder mundial en equipamento minero.
La minería en Canadá cobija a muchos profesionales, nacionales y extranjeros, quienes están bien pagados y aportan su talento a la balanza comercial del país.
Más de 340 mil canadienses trabajan en la minería y la industria aporta casi el 60 por ciento del transporte ferroviario y fluvial en el país.
La estrategia canadiense ha sido desarrollar sus propias tecnologías –hasta convertirse en un líder mundial en equipamento minero- y apoyar a pequeñas empresas con financiamientos accesibles.
En el país del norte una característica del sector minero ha sido incluir a los indígenas en los proyectos mineros, ya que muchas de las zonas en explotación se ubican en sus territorios.
Estos indígenas ganan sueldos mensuales que van entre los 14 mil y los 56 mil pesos.
Las mineras pagan impuesto sobre la renta del 15 por ciento, otro 15 por ciento de regalías sobre sus ingresos y un cinco por ciento más de tributo sobre las compras.
Además pagan al gobierno diez centavos extra por cada litro de gasolina que utilicen en la explotación de las minas.
El gobierno apoya la firma de acuerdos entre los indígenas y las mineras que se instalan en sus territorios.
Como obligaciones estatales, la administración canadiense debe: “garantizar a los indígenas una compensación equitativa por sus minerales, proteger el medio ambiente, restaurar el sitio minero para el bienestar de las generaciones futuras y, conforme con las aspiraciones de los indígenas, favorecer su participación en los proyectos”.
La diferencia de su comportamiento en su país y en México radica, según concluye el documento elaborado en Gobernación, en la falta de reglas claras que cobren mayor cantidad de impuestos y obliguen a respetar los dueños de los terrenos donde se asientan, muchos de ellos en zonas indígenas.
Sueldos de miseria
Con este crecimiento han generado cada vez mayor cantidad de empleos, bajo condiciones de salario mínimas.
Las mineras canadienses reportan a su país que los trabajadores mexicanos ganan 59 mil pesos mensuales. Eso coloca a México como uno de los países con mejor sueldo para las mineras en el mundo.
Pero la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada el año pasado por el Instituto Nacional de Estatídística y Geografía (Inegi) los desmiente.
En ese periodo, solo la mitad de los 231 mil trabajadores de la industria minera en México están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los salarios representan otra dura comparativa con los pares de estas empresas en Canadá.
Mientras un trabajador minero gana en México 3.26 dólares canadienses por hora, allá perciben 30 dólares canadienses.
En pesos mexicanos, esto implica que una jornada de ocho horas a un minero en el país le significa 317 pesos, mientras a un canadiense le pagan por ese tiempo 2 mil 923 pesos.
“Un mexicano deberá de trabajar por lo menos ocho horas para obtener el ingreso de una hora del minero canadiense”, apunta el documento.
En cuanto a los riesgos, la disparidad resulta igualmente enorme. Según la información recopilada por el Inegi, un operador de draga, que trabaja fuera de la mina, gana casi el doble que el minero que arriesga su vida, quien es clasificado como “ayudante general”.
