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![[Grupo Televisa también promovió una medida cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia del DF/Bloomberg]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sk3jK9GlcC93HlCVOzIr6Jklh9_gX8r8KNZOPU6-3em5TKilbBuDPAGqKU9gjlKFUVyHQMfcVqp9xvnelvqBMbvEgi_h-8gwEJEcAqjbLmbXr-J0J74aqKwuWyiAy94kpl37cRSbwMQUtANSQB5rDaJQp6VO_VsZ0=s0-d)
Enrique Peña Nieto está en un frenesí. Desde que asumió la presidencia de México el año pasado, su gobierno ha transformado la imagen internacional del país. Las reformas constitucionales en materia de educación, energía y telecomunicaciones –una vez consideradas imposibles–, han abierto el camino para leyes que podrían impulsar radicalmente la competitividad y el crecimiento.
Esto es un valiente comienzo en el intento por liberar a México de su pasado corporativista. Ahora, sin embargo, viene la parte más difícil: dar contenido a los detalles de las reformas e implementarlas. Los primeros resultados son mixtos.
Tomemos el enfoque del gobierno con respecto a la competencia. Más competencia haría maravillas para la economía mexicana, gran parte de la cual se concentra en oligopolios casi totales, ya sea en los alimentos, la construcción, la cerveza o, más notoriamente, las telecomunicaciones. América Móvil, la mayor empresa de telefonía de Latinoamérica, controla 80 por ciento del mercado de telefonía fija de México y 70 por ciento de la telefonía móvil. Televisa tiene una participación de 60 por ciento del mercado de la televisión. Peña Nieto, “el asesino de los carteles”, ha decidido encarar esta concentración con un ataque de tres frentes.
Este mes, un nuevo y más poderoso regulador declaró que ambas compañías son excesivamente dominantes en sus campos respectivos. Para corregir el problema ordenó acciones de carácter amplio, como compartir redes e infraestructuras.
Además, el gobierno ha puesto en marcha una nueva ley para estimular la competencia, que permite a los reguladores castigar a quienes erijan “barreras contra la competencia”. Por último, una nueva ley de las telecomunicaciones se encuentra en etapa de formación. Estas acciones demuestran la determinación reformista del gobierno, y también revelan tensiones importantes dentro del mismo proceso de reforma.
La primera es encontrar el equilibrio adecuado entre proteger a los consumidores y estimular la inversión empresarial. Está bien, en teoría, eliminar las “barreras contra la competencia”. Pero éste es un concepto vago y novedoso dentro del derecho internacional. ¿Qué pasa si las barreras no son ilegales y las empresas son castigadas sólo por ser exitosas? La incertidumbre, agravada por tantas nuevas leyes, podría causar que las empresas decidan detener la inversión y la innovación necesarias para crear y expandir nuevos mercados nacionales, derrotando el objetivo mismo de las reformas.
En segundo lugar, la complejidad de las reformas destaca la gran dificultad para encontrar cuadros de funcionarios de alto nivel que puedan administrar los nuevos organismos reguladores de México. A su vez, esto abre la posibilidad de aplicar pobremente o, peor aún, hacer cumplir las nuevas normas con un criterio de parcialidad.
En tercer lugar, también son prueba de un gobierno proclive a utilizar amenazas. Eso no debería ser necesariamente algo negativo teniendo en cuenta la debilidad del Estado mexicano y su incapacidad, hasta el momento, para encarar a los grupos o las empresas con grandes intereses. Sin embargo, algunos aspectos de la nueva legislación entran en extraordinario detalle y complejidad. Esto bien puede ser el caso de un gobierno que desea afirmar su autoridad, o puede ser el reflejo de la labor de los grupos de presión que han trabajado con ahínco para proteger sus intereses. O ambos. De cualquier manera, la impresión que esto deja es la de un gobierno más interesado en controlar que en estimular el crecimiento –en otras palabras, el mismo México corporativista de bajo rendimiento del pasado.
Al igual que con todas las reformas estructurales, y las de México son particularmente ambiciosas, hay ganadores y perdedores. Cambiar las reglas del juego también trae incertidumbre, al menos en el corto plazo. Pero hasta la fecha, el gobierno a menudo parece estar más interesado en sacar adelante las reformas que en sopesar su impacto económico.
Con una novedosa ley de liberalización de la energía a debatirse pronto, esto no es quisquillosidad. El año pasado una nueva política aparentemente sensata buscaba poner fin a la construcción de viviendas de bajos ingresos en los suburbios lejanos y en su lugar construir viviendas urbanas más concentradas. Su aplicación deficiente, sin embargo, llevó a un colapso general en la construcción y a una desaceleración económica. Éste no es el México de rápido crecimiento que Peña Nieto quiere crear, y también refleja la otra verdad en materia de reformas exitosas a la que debe prestar atención: los medios son tan importantes como los fines.
Esto es un valiente comienzo en el intento por liberar a México de su pasado corporativista. Ahora, sin embargo, viene la parte más difícil: dar contenido a los detalles de las reformas e implementarlas. Los primeros resultados son mixtos.
Tomemos el enfoque del gobierno con respecto a la competencia. Más competencia haría maravillas para la economía mexicana, gran parte de la cual se concentra en oligopolios casi totales, ya sea en los alimentos, la construcción, la cerveza o, más notoriamente, las telecomunicaciones. América Móvil, la mayor empresa de telefonía de Latinoamérica, controla 80 por ciento del mercado de telefonía fija de México y 70 por ciento de la telefonía móvil. Televisa tiene una participación de 60 por ciento del mercado de la televisión. Peña Nieto, “el asesino de los carteles”, ha decidido encarar esta concentración con un ataque de tres frentes.
Este mes, un nuevo y más poderoso regulador declaró que ambas compañías son excesivamente dominantes en sus campos respectivos. Para corregir el problema ordenó acciones de carácter amplio, como compartir redes e infraestructuras.
Además, el gobierno ha puesto en marcha una nueva ley para estimular la competencia, que permite a los reguladores castigar a quienes erijan “barreras contra la competencia”. Por último, una nueva ley de las telecomunicaciones se encuentra en etapa de formación. Estas acciones demuestran la determinación reformista del gobierno, y también revelan tensiones importantes dentro del mismo proceso de reforma.
La primera es encontrar el equilibrio adecuado entre proteger a los consumidores y estimular la inversión empresarial. Está bien, en teoría, eliminar las “barreras contra la competencia”. Pero éste es un concepto vago y novedoso dentro del derecho internacional. ¿Qué pasa si las barreras no son ilegales y las empresas son castigadas sólo por ser exitosas? La incertidumbre, agravada por tantas nuevas leyes, podría causar que las empresas decidan detener la inversión y la innovación necesarias para crear y expandir nuevos mercados nacionales, derrotando el objetivo mismo de las reformas.
En segundo lugar, la complejidad de las reformas destaca la gran dificultad para encontrar cuadros de funcionarios de alto nivel que puedan administrar los nuevos organismos reguladores de México. A su vez, esto abre la posibilidad de aplicar pobremente o, peor aún, hacer cumplir las nuevas normas con un criterio de parcialidad.
En tercer lugar, también son prueba de un gobierno proclive a utilizar amenazas. Eso no debería ser necesariamente algo negativo teniendo en cuenta la debilidad del Estado mexicano y su incapacidad, hasta el momento, para encarar a los grupos o las empresas con grandes intereses. Sin embargo, algunos aspectos de la nueva legislación entran en extraordinario detalle y complejidad. Esto bien puede ser el caso de un gobierno que desea afirmar su autoridad, o puede ser el reflejo de la labor de los grupos de presión que han trabajado con ahínco para proteger sus intereses. O ambos. De cualquier manera, la impresión que esto deja es la de un gobierno más interesado en controlar que en estimular el crecimiento –en otras palabras, el mismo México corporativista de bajo rendimiento del pasado.
Al igual que con todas las reformas estructurales, y las de México son particularmente ambiciosas, hay ganadores y perdedores. Cambiar las reglas del juego también trae incertidumbre, al menos en el corto plazo. Pero hasta la fecha, el gobierno a menudo parece estar más interesado en sacar adelante las reformas que en sopesar su impacto económico.
Con una novedosa ley de liberalización de la energía a debatirse pronto, esto no es quisquillosidad. El año pasado una nueva política aparentemente sensata buscaba poner fin a la construcción de viviendas de bajos ingresos en los suburbios lejanos y en su lugar construir viviendas urbanas más concentradas. Su aplicación deficiente, sin embargo, llevó a un colapso general en la construcción y a una desaceleración económica. Éste no es el México de rápido crecimiento que Peña Nieto quiere crear, y también refleja la otra verdad en materia de reformas exitosas a la que debe prestar atención: los medios son tan importantes como los fines.
