Alrededor del 85 por ciento de los programas sociales que operan 14 dependencias federales no dan resultados, no cumplen sus metas ni logran los avances esperados, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Un estudio entregado a la Cámara de Diputados precisa que de los 137 programas evaluados entre 2012-2013, en 117 no cuentan con resultados, de acuerdo con sus reportes de la “Valoración del Desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal”.
En una revisión de los “Resultados de Evaluaciones de Impacto” - que permitan tener evidencias de los efectos que el programa causa en los beneficiarios- el Coneval detalla que “Oportunidades ha aumentado de forma significativa los tipos y montos de apoyos así como su cobertura, sin un diagnóstico que sustente la mayoría de estos cambios; ha crecido la dispersión y duplicidad de esfuerzos y los costos administrativos asociados”.
Un estudio entregado a la Cámara de Diputados precisa que de los 137 programas evaluados entre 2012-2013, en 117 no cuentan con resultados, de acuerdo con sus reportes de la “Valoración del Desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal”.
En una revisión de los “Resultados de Evaluaciones de Impacto” - que permitan tener evidencias de los efectos que el programa causa en los beneficiarios- el Coneval detalla que “Oportunidades ha aumentado de forma significativa los tipos y montos de apoyos así como su cobertura, sin un diagnóstico que sustente la mayoría de estos cambios; ha crecido la dispersión y duplicidad de esfuerzos y los costos administrativos asociados”.
Sobre IMSS-Oportunidades afirma que “el programa no cuenta con resultados de Evaluaciones de Impacto rigurosas que permitan tener evidencia de los efectos que el programa causa en los beneficiarios”. No obstante, “la construcción de metas tiene un sustento adecuado, aunque no permite cuantificar la respuesta a la necesidad del problema que abordan”.
Señala que “Oportunidades y los otros programas no han sido parte de una política de superación de la pobreza consistente, congruente y de largo plazo que asigne responsabilidades y metas claras a los diferentes sectores y programas”.
Del Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario (Procampo) “Para vivir Mejor” advierte que “no cuenta con avances y no es pertinente”, “no especifica la noción de ingreso usada para medirlo” y “no cumplió la meta, pues hubo una menor demanda de los productores por carecer de su aportación del 50 por ciento”.
En torno al Seguro Popular sanciona que “aunque que no se cuenta con información de avance a 2012, por depender de encuestas periódicas; la construcción de su meta es adecuada”.
También destaca -por ejemplo- que el Programa de Apoyo a la Productividad, cuyo fin es “mantener y ampliar el empleo”, “sufrió una fuerte reducción presupuestal, por lo cual perdió capacidad de gestión y operación entre su población potencial”, tan es así que “la población atendida pasó de 184 mil 453 trabajadores en 2009 a 16 mil 669 en 2012”.
Sobre el Programa de Vivienda Rural “hay problemas de insuficiencia de información en relación al cumplimiento de metas y en cuanto al método de estimación que varía anualmente y limita el seguimiento de los resultados”.
Del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V., señala que “el indicador a nivel Fin (prevalencia de desnutrición de los menores de 5 años) no cumplió con su meta de 12.1 por ciento. Este indicador no mide la contribución del programa, pues se refiere a la prevalencia nacional y no sólo a la de los beneficiarios de dicho programa”.
Además “puede estar afectado por otros programas sociales, o por cambios en condiciones socioeconómicas, saneamiento o infraestructura”.
Respecto del “Seguro para Contingencias Climatológicas”, señala que “por la forma de operar del programa, no es posible dar seguimiento a los apoyos otorgados, pues éstos son entregados a las entidades federativas y a los municipios”.
“Otro hallazgo importante del programa es que carece de una estrategia de cobertura, pues ésta última es determinada por la Sagarpa. Tal como se recomendó en la Evaluación de Consistencia y Resultados, es necesario realizar un diagnóstico del problema con el fin de evaluar si la compra de un seguro es la solución idónea”.
Subraya que “todos los indicadores -salvo uno- de gestión y estratégicos del programa tienen por línea basal a los datos del 2012, por lo que no es posible hacer un balance de su avance”. “En virtud de la naturaleza del programa y a que no se tienen actividades normativas que califiquen la eficiencia en el proceso de gestión de solicitudes, los indicadores de gestión brindan poca información”.
Acerca del Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, el Coneval califica que “los Indicadores no están alineados con el propósito del programa; no hay ningún indicador que mida la contribución de los recursos asignados en el funcionamiento de los Fondos, y destaca la baja meta que se plantea el programa con respecto al porcentaje de fondos y organismos integradores que son supervisados. Debería plantearse una meta próxima al cien por ciento”.
En torno al Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable “no se observa la evolución de los indicadores; estos han mejorado respecto de años anteriores, pero dado que el programa se compone de tres subprogramas -cuyos objetivos y población beneficiara son muy distintos- no existe un indicador de resultados que pueda reflejar las tres intervenciones”.
Diputados meterán lupa
La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados comenzará esta misma semana la revisión de las reglas de operación de todos los programas sociales federales; para ello, llevarán a cabo reuniones de trabajo con sus respectivos titulares, así como con el coordinador de los delegados de las dependencias federales en todo el país, Pedro de León Mojarro.
La titular del Programa Oportunidades, Paula Angélica Hernández Olmos, acudirá a su cita con los diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro -pasado mañana 5 de marzo- y el miércoles 12 lo hará el director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello.
Señala que “Oportunidades y los otros programas no han sido parte de una política de superación de la pobreza consistente, congruente y de largo plazo que asigne responsabilidades y metas claras a los diferentes sectores y programas”.
Del Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario (Procampo) “Para vivir Mejor” advierte que “no cuenta con avances y no es pertinente”, “no especifica la noción de ingreso usada para medirlo” y “no cumplió la meta, pues hubo una menor demanda de los productores por carecer de su aportación del 50 por ciento”.
En torno al Seguro Popular sanciona que “aunque que no se cuenta con información de avance a 2012, por depender de encuestas periódicas; la construcción de su meta es adecuada”.
También destaca -por ejemplo- que el Programa de Apoyo a la Productividad, cuyo fin es “mantener y ampliar el empleo”, “sufrió una fuerte reducción presupuestal, por lo cual perdió capacidad de gestión y operación entre su población potencial”, tan es así que “la población atendida pasó de 184 mil 453 trabajadores en 2009 a 16 mil 669 en 2012”.
Sobre el Programa de Vivienda Rural “hay problemas de insuficiencia de información en relación al cumplimiento de metas y en cuanto al método de estimación que varía anualmente y limita el seguimiento de los resultados”.
Del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A. de C.V., señala que “el indicador a nivel Fin (prevalencia de desnutrición de los menores de 5 años) no cumplió con su meta de 12.1 por ciento. Este indicador no mide la contribución del programa, pues se refiere a la prevalencia nacional y no sólo a la de los beneficiarios de dicho programa”.
Además “puede estar afectado por otros programas sociales, o por cambios en condiciones socioeconómicas, saneamiento o infraestructura”.
Respecto del “Seguro para Contingencias Climatológicas”, señala que “por la forma de operar del programa, no es posible dar seguimiento a los apoyos otorgados, pues éstos son entregados a las entidades federativas y a los municipios”.
“Otro hallazgo importante del programa es que carece de una estrategia de cobertura, pues ésta última es determinada por la Sagarpa. Tal como se recomendó en la Evaluación de Consistencia y Resultados, es necesario realizar un diagnóstico del problema con el fin de evaluar si la compra de un seguro es la solución idónea”.
Subraya que “todos los indicadores -salvo uno- de gestión y estratégicos del programa tienen por línea basal a los datos del 2012, por lo que no es posible hacer un balance de su avance”. “En virtud de la naturaleza del programa y a que no se tienen actividades normativas que califiquen la eficiencia en el proceso de gestión de solicitudes, los indicadores de gestión brindan poca información”.
Acerca del Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario, el Coneval califica que “los Indicadores no están alineados con el propósito del programa; no hay ningún indicador que mida la contribución de los recursos asignados en el funcionamiento de los Fondos, y destaca la baja meta que se plantea el programa con respecto al porcentaje de fondos y organismos integradores que son supervisados. Debería plantearse una meta próxima al cien por ciento”.
En torno al Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable “no se observa la evolución de los indicadores; estos han mejorado respecto de años anteriores, pero dado que el programa se compone de tres subprogramas -cuyos objetivos y población beneficiara son muy distintos- no existe un indicador de resultados que pueda reflejar las tres intervenciones”.
Diputados meterán lupa
La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados comenzará esta misma semana la revisión de las reglas de operación de todos los programas sociales federales; para ello, llevarán a cabo reuniones de trabajo con sus respectivos titulares, así como con el coordinador de los delegados de las dependencias federales en todo el país, Pedro de León Mojarro.
La titular del Programa Oportunidades, Paula Angélica Hernández Olmos, acudirá a su cita con los diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro -pasado mañana 5 de marzo- y el miércoles 12 lo hará el director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello.
